A estas alturas es absurdo ponerse a enumerar la multitud de controversias que supone la aprobación de la Ley Sinde, propuesta por el PSOE (Partido al poder). Pero sin embargo, sí que creo que deberíamos reflexionar un poco sobre lo que está pasando en el trasfondo de la situación.
Como todos sabréis, ayer PP y PSOE firmaban un acuerdo de cooperación para conseguir una mayoría en el Senado, donde tendrá lugar la votación y aprobación final de dicha ley. Es algo que, desde un punto de vista político, se puede entender. Es decir, que dos partidos lleguen a un acuerdo y consigan llevar hacia delante una ley, haciendo uso de su mayoría o posición dominante, es lo más común en política.
Sin embargo, lo que a mí me preocupa de la ley Sinde no es tanto que ''corten la cabeza de cuatro conejillos de indias'' para justificarse ante la industria cultural, como el hecho de que se cree una ley, que deja al margen al poder judicial (restando competencias), para poder conseguir hacer efectiva su política, ante resoluciones judiciales contrarias a sus ideales y/o intereses.
Decisiones políticas sobre dictámenes judiciales
Me explico en este punto: Varias páginas de enlaces de España han sido denunciadas en los 2 últimos años por ''infringir'' –supuestamente- leyes de propiedad intelectual, al dar información al internauta de donde se puede conseguir un juego, película o programa gratuitamente, sin tener que gastar dinero, lo que se conoce como ENLACES.
En todos estos procesos, la Justicia ha fallado a favor de los representantes de dichas web por considerar que, enlazar o dar información de una localización, donde se encuentra alojado un contenido protegido de forma ilícita, no vulnera para nada la Ley de Propiedad Intelectual, pues en todo caso, el responsable es quien almacena dichos contenidos y permite su distribución (¿Acaso los buscadores no viven de los enlaces y se puede encontrar de todo?).
Como las resoluciones judiciales dictadas no han servido en la lucha conjunta de Gobierno, oposición y la industria Cultural, ahora nuestros políticos se sacan de la manga una ley que deja a la justicia al margen de la decisión, pudiendo dictar y sentenciar desde un organismo gestionado por políticos, lo que marca un precedente y demuestra que los gobiernos están intentando gobernar y conseguir resultados, utilizando métodos y normativas alternativas, que dejan nuestro derecho a ser inocente hasta que un juez diga lo contrario, en la cuneta.
El tema es amplio e iremos publicando diferentes artículos sobre los distintos aspectos que están en juego con esta ley, pero hasta entonces… ¿Cómo estáis viviendo este proceso? ¿Qué os preocupa más, la posible limitación a la hora de descargar contenidos o la vulneración de derechos que supone?
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